Durante 2006 el Estado de Oaxaca fue el epicentro de una enorme conflictividad social, representada en el surgimiento de sendos movimientos sociales que se enfrentaron al Estado en un proceso complejo, de diversas dimensiones y con altos niveles de polarización y violencia.
El conflicto tiene su origen de fondo en estructuras económicas, políticas, sociales y culturales profundamente excluyentes, que han generado enormes desigualdades, discriminación y cacicazgos en el estado. El marco jurídico, las instituciones y la cultura política sostienen una estructura autoritaria de poder y prácticas antidemocráticas en todos los terrenos de la vida social.
Una serie de medidas autoritarias del gobierno estatal provocó que el movimiento se articulara en torno a la exigencia de salida del gobernador Ulises Ruiz, como demanda de carácter simbólico, punto innegociable e irrenunciable de su agenda que sintetizaba la protesta social. Si bien se reconoce la necesidad de una profunda transformación de estructuras y relaciones, para la APPO este proceso de cambio social pasaba por la condición de la salida de Ulises Ruiz como el factor que define el futuro de Oaxaca entre el autoritarismo y las nuevas formas de participación y representación social.
En este marco el conflicto fue escalando sus formas de confrontación, hubo detenciones de líderes del movimiento, asesinatos, desapariciones y amenazas. Por su parte, la APPO realizó sendas “megamarchas”, instaló un plantón permanente en el zócalo, tomaron varias radiodifusoras, desde las cuales instalaron un sistema de comunicación alterno muy poderoso, constituyeron gobiernos populares en alrededor de 23 municipios y llegaron a construir cerca de 2000 barricadas en la ciudad. Con una organización basada en Asambleas y sostenida por la sección magisterial mantuvieron su cohesión y capacidad de acción.
Se intentó construir una salida constructiva y no violenta a este conflicto, un proceso de diálogo y negociación, interlocución con una amplia gama actores empresariales, eclesiales, indígenas, académicos, civiles, políticos y sociales que de una u otra manera estaban vinculados al conflicto para respaldar este proceso de solución pactada que no se ha logrado consolidar. Sin embargo el cambio de gobierno federal de Fox a Calderón, implicó un cambio de estrategia en el tratamiento del conflicto. Se optó por una salida de fuerza para el control de la ciudad y el encarcelamiento de algunos de sus dirigentes más emblemáticos.
Los operativos en cuestión han sido objeto de numerosas denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por las graves violaciones que se han dado a lo largo del proceso y que se mantienen totalmente impunes.
El conflicto no se ha resuelto, las causas no han sido atendidas y los saldos han profundizado la polarización. A esta situación habrá que sumar una creciente tensión entre las diferentes organizaciones y grupos por la conducción y rumbo del movimiento; el distanciamiento de otros procesos sociales que se habían sumado antes; el traslado de la conflictividad a las regiones y sectores por la defensa de sus derechos y territorios; el alto índice de abstencionismo que se registró en las recientes elecciones locales como dato del rechazo social a una institucionalidad que considera autoritaria y corrupta.
Los actores sociales reiniciaron su articulación y movilización, fundamentalmente en el eje de derechos humanos y se encuentran en un proceso de redefinición estratégica para la próxima etapa.